Uruguay legalizó el aborto hablando de libertad; una libertad que tuvo el costo de conducirnos a ser uno de los países con menos nacimientos de América. Bajo el argumento del progreso, la cuestión respecto al aborto se adentró en la conciencia de los uruguayos a tal punto que hoy ir contra esta práctica es visto como algo digno de una persona que opta por el atraso.

La sociedad uruguaya, impregnada por las ideas feministas, da por cerrado el debate del aborto, asumiendo de forma indirecta que la moral es dictada por las leyes. Pero el aborto no llegó de golpe a nuestra tierra: fue el resultado de décadas de cambios culturales, políticos e ideológicos.

Si bien el aborto se legalizó recién en 2012, durante la presidencia del izquierdista José “Pepe” Mujica, desde muchas décadas antes ya era un tema presente en el debate público.

El Código Penal de 1898 penalizaba fuertemente la interrupción del embarazo. Sin embargo, en 1933 el abogado José Irureta Goyena impulsó una reforma del Código Penal que entró en vigencia en 1934.

¿En qué consistía esta reforma? No legalizaba el aborto como tal, pero permitía que, en casos excepcionales —como el llamado “honor de la mujer”, embarazos producto de violación, situaciones de pobreza extrema o cuando la vida de la mujer corría grave peligro— el juez pudiera eximir de pena tanto a la mujer como al médico que realizara el aborto.

Este hecho es clave porque marca un punto de inflexión en la historia uruguaya: es el momento en que el aborto comienza a ser considerado progresivamente como un “problema médico” y social, y no únicamente como un delito penal. Uruguay fue pionero en la región en atenuar las penas, y ese cambio de enfoque explica en gran medida el camino que décadas después desembocaría en la legalización.

Igualmente, esta apertura duró poco, porque en 1935 el presidente de facto Gabriel Terra prohibió nuevamente la realización de abortos en instituciones públicas. Se establecían penas de entre tres y nueve meses de cárcel para las mujeres y, penas de entre seis y veinticuatro meses para quienes realizaran el aborto. De todos modos, se sostiene que seguía existiendo una mínima posibilidad de que un juez eximiera de la pena en determinadas circunstancias; por lo tanto, aun penalizado, el aborto seguía tratándose como un fenómeno con atenuantes.

En 1985 se da el retorno a la democracia y el aborto vuelve a ponerse sobre la mesa. Es durante el primer gobierno del presidente Sanguinetti que se presenta el primer proyecto de despenalización del aborto en etapa democrática, impulsado por legisladores del Partido Colorado. A este mismo partido pertenecía Sanguinetti y, si bien apoyó el proyecto, este no prosperó, ya que no llegó a tratarse en el Parlamento.

Saltamos ahora a 2007 y 2008, cuando aparece una ley llamada Ley de “Salud Sexual y Reproductiva”. La ley no presentaba explícitamente el aborto en su nombre, pero en su contenido proponía el acceso universal a métodos anticonceptivos, educación sexual promovida por el Estado, atención integral de la salud sexual y reproductiva y la despenalización del aborto en determinadas circunstancias, y en su versión final la eliminación de sanciones penales para el aborto dentro de ciertos plazos. Fue el primer intento serio de legalizarlo bajo un enfoque sanitario, ya que se presentaba como un asunto de salud pública y de derechos. ¿Cómo terminó esta ley? Por mucho que sorprenda, fue vetada por el presidente Tabaré Vázquez, quien era médico oncólogo y, si bien era de izquierda y pertenecía a la misma coalición que Mujica, podemos decir que representaba una izquierda más moderada. Argumentó que tenía razones científicas y éticas para oponerse.

El 27 de diciembre de 2011. Es cuando la Cámara de Senadores aprueba un proyecto de ley para la despenalización del aborto. El texto del proyecto indicaba:

“Toda mujer mayor de edad tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional”.

Y acá hay un gran salto cualitativo, porque el aborto deja de ser visto solo como un delito con excepciones y pasa a ser presentado como una decisión autónoma de la mujer dentro de un plazo. El aborto se consagra como derecho en Uruguay.

Aun así, no se aprueba inmediatamente en 2012, porque si bien el Frente Amplio era gobierno, no tenía todos los votos asegurados en su propia bancada. Por ejemplo, el diputado del Frente Amplio Andrés Lima se negó a votar el proyecto, y como acá muchas leyes que tocan las fibras sensibles de las personas se votan con disciplina partidaria, un solo voto puede trancar todo.

Entonces, el proyecto quedó aprobado en el Senado, pero no llegó a tratarse en Diputados.

Para destrabar toda esta situación, el Frente Amplio negocia con el Partido Independiente, el cual ya tenía su propio proyecto de despenalización. Entonces, políticamente hablando, pasa algo muy importante, y es que la legalización del aborto no termina siendo solo una ley del Frente Amplio, sino una ley con apoyo, aunque limitado, de otros sectores.

Finalmente, en 2012 el proyecto que logra avanzar no es exactamente el mismo de 2011, sino uno nuevo, el cual es presentado por Iván Posada, del Partido Independiente, pero con modificaciones del Frente Amplio. Se propone el aborto dentro de un plazo, con intervención del sistema de salud, con instancias de asesoramiento obligatorio, bajo un marco sanitario y administrativo, no penal.

Entonces no se presenta como aborto libre sin más, sino como interrupción voluntaria del embarazo regulada por el Estado.

Quiero añadir dos cosas. La primera es que, cuando se diseñó esta ley nefasta, se debatió si dentro del equipo de asesoramiento —que tenía la obligación de orientar a la mujer que quería abortar— debía haber al menos un profesional contrario al aborto. Como no se llegó a un acuerdo, se decidió flexibilizar esta obligación, por lo que no es obligatorio que siempre haya un profesional objetor dentro del equipo.

La segunda cosa que quería comentar es que, si bien el proyecto se refiere principalmente a mujeres mayores de edad, las menores también pueden acceder al aborto con la asistencia de su adulto responsable.

Uno de los argumentos principales de quienes están a favor de este acto atroz es que el aborto legal disminuye la mortalidad materna. Durante años se instaló la idea de que legalizar el aborto era necesario para evitar la muerte de mujeres en abortos clandestinos, y esa fue una de las principales justificaciones utilizadas en Uruguay para aprobar la ley en 2012.

Incluso hoy, figuras como Leonel Briozzo, subsecretario del ministerio de salud publica, continúan defendiendo el aborto como un avance social y una política necesaria dentro de un Estado laico. Sin embargo, hay algo de lo que se habla mucho menos.

Antes de la legalización del aborto, Uruguay ya había logrado reducir drásticamente la mortalidad materna gracias a distintas políticas sanitarias implementadas entre 2005 y 2015, convirtiéndose incluso en uno de los países con menor mortalidad materna de América Latina.

De hecho, entre 2008 y 2011, aun sin aborto legal, Uruguay llegó a registrar años con cero muertes por aborto. Pero después de la legalización en 2012, estas muertes volvieron a aparecer. El aborto legal terminó teniendo el efecto contrario al que prometía. Esto demuestra algo importante: ningún aborto es seguro.

Personalmente me resulta innecesario hacer una demostración extensiva de que el feto es una vida humana, puesto que en medicina existe prácticamente un consenso sobre que el inicio de la vida humana ocurre en la unión de los gametos, es decir, en la concepción.

Por ejemplo, el Colegio Americano de Pediatras afirma que: “La mayoría de las investigaciones biológicas humanas confirman que la vida humana comienza en la concepción”.

Aun así, muchos, incluso admitiendo esto, argumentan que el feto es un ser vivo de la especie humana pero no una persona. Implícitamente, el razonamiento abortista es que si un ser no tiene conciencia desarrollada, entonces no es persona, y al no ser persona no sería sujeto de derechos.

Pero esto se desmonta fácilmente. Porque si la aplicación de los derechos dependiera de la conciencia, entonces los niños ya nacidos de un año tampoco serían sujetos de derechos. Del mismo modo, quienes están en estado de coma o tienen muerte cerebral perderían automáticamente toda dignidad humana y todo derecho.

Entonces, el ser persona debe ser algo independiente de la conciencia o del grado de desarrollo de la misma. Y esto ya lo entendía incluso la filosofía clásica. Boecio definía a la persona como “sustancia individual de naturaleza racional”.

Es decir, la persona no deja de ser persona porque todavía no pueda razonar plenamente, del mismo modo que un bebé no deja de ser humano porque todavía no pueda hablar, ni un hombre dormido deja de ser persona por no estar consciente en ese momento. La naturaleza racional no depende de que todas sus capacidades estén actualmente desarrolladas, sino de lo que ese ser es en esencia. Y el feto, desde la concepción, ya es un individuo humano con una naturaleza propia, distinta de la de su madre y orientada desde el inicio a su desarrollo como persona adulta.

Por tanto, si la biología nos dice que el feto es un ser humano distinto a su madre debido a que posee un código genético propio, y la filosofía nos habla de una esencia distinta a la de su madre, entonces frases como “mi cuerpo, mi decisión” quedan refutadas. Porque no estamos hablando de algo que pertenezca al cuerpo de la progenitora como si fuera un órgano más, sino de otro ser humano que existe dentro de ella.

Hay quienes aceptan esta realidad pero argumentan que la vida de ese ser distinto depende de la madre. Y esto es cierto. Pero si la dependencia justificara quitarle la vida a otro ser humano, entonces los padres también estarían justificados en asesinar a sus hijos ya nacidos, quienes igualmente dependen de ellos para comer, tener un techo, ser educados y sobrevivir.

La dependencia de una persona hacia otra no vuelve moralmente correcto quitarle la vida. Porque el valor de una vida humana no depende de cuán autónoma sea, sino de lo que esa vida es en sí misma.

Quienes están más cerrados al debate simplemente se refugian en frases como “el aborto es un derecho”, ignorando que esta afirmación entra en tensión con la propia naturaleza de los derechos humanos. Porque los derechos humanos nacieron justamente para proteger a los más indefensos, no para excluirlos.

De hecho, el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Y acá aparece una pregunta fundamental: si el feto es un individuo humano, entonces, ¿por qué no habría de ser sujeto del derecho más básico de todos: el derecho a la vida?

Podemos utilizar el siguiente silogismo:

Premisa mayor: Todo individuo humano posee derecho a la vida.

Premisa menor: El feto es un individuo humano.

Conclusión: Por tanto, el feto posee derecho a la vida.

Otro fracasado intento por defender el aborto es la idea de “si no querés abortar, no abortes”. En el fondo, este argumento plantea el aborto como una decisión privada. La cuestión es que la privacidad de una decisión termina cuando afecta a otro ser humano.

Nadie diría algo como “si no te gusta el robo, no robes”, porque entendemos que el problema no está solamente en la libertad individual de quien actúa, sino en el daño que esa acción provoca sobre otro.

Y si el feto es realmente un ser humano distinto de su madre, entonces el aborto deja de ser simplemente una decisión privada para convertirse en una cuestión moral y jurídica que afecta directamente la vida de otro individuo.

Cabe decir que, si bien algunas feministas promueven el aborto como algo natural y cotidiano, la mayoría de mujeres no abortan por diversión, sino muchas veces desde el miedo, la presión, la desesperación o la soledad. Y es justamente por eso que el Estado y la sociedad deberían ofrecer acompañamiento, contención y alternativas, no la eliminación del más indefenso.

Hemos de tener en cuenta también los daños psicológicos que el aborto puede producir en muchas mujeres.

Por ejemplo, la investigadora Priscilla K. Coleman publicó en el British Journal of Psychiatry un metaanálisis de 22 estudios con más de 877 mil participantes, donde encontró una asociación entre el aborto y un aumento de diversos problemas de salud mental, incluyendo ansiedad, depresión, abuso de alcohol y conductas suicidas.

Asimismo, los investigadores David M. Fergusson, L. John Horwood y Joseph M. Boden realizaron un estudio longitudinal de 30 años publicado en el British Journal of Psychiatry, donde señalaron que las mujeres que habían abortado presentaban tasas más elevadas de trastornos mentales en comparación con quienes no abortaron.

Incluso en otro trabajo del mismo equipo de investigadores se encontró que las mujeres que reportaban reacciones emocionales negativas tras un aborto tenían entre 1.4 y 1.8 veces más probabilidades de desarrollar problemas posteriores de salud mental.

Queda un último argumento al cual enfrentar, el cual a menudo se presenta en forma de pregunta: ¿qué sucede con aquellos embarazos producto de una violación? En primer lugar, la violación es un acto totalmente horrendo. La Iglesia católica, en su Catecismo, afirma en el punto 2356 que la violación “es siempre un acto intrínsecamente malo”.

La mujer es una víctima inocente. Pero la cuestión es que el niño por nacer también es inocente. Lo primero que podemos decir es que debería aplicarse el principio de justicia, es decir, dar a cada uno lo que merece. La víctima merece contención, apoyo y acompañamiento. El criminal merece castigo. Y el niño por nacer merece vivir.

En este punto resulta interesante un argumento planteado por el apologista católico Trent Horn. Imaginemos el siguiente caso. Una mujer tiene relaciones con su esposo y al día siguiente es víctima de una violación.

Semanas después descubre que está embarazada, pero no sabe si el padre es su marido o el violador. Tiempo más tarde, una prueba de ADN le informa que el hijo es de su esposo. La mujer da a luz y comienza a criar al niño.

Pero tres meses después, los médicos la llaman y le dicen que hubo un error: el verdadero padre del bebé era en realidad el violador. La mujer queda devastada. Siente rechazo, miedo y angustia al pensar que ese niño es hijo de quien destruyó su vida.

Pero acá aparece una pregunta fundamental: ¿eso justificaría que pudiera matar al bebé mientras duerme en su cuna? Evidentemente no. Y la razón es simple: el niño sigue siendo un ser humano inocente, independientemente de las circunstancias horribles de su concepción.

Entonces la pregunta es inevitable: si no está permitido matar al niño después de nacer por ser producto de una violación, ¿por qué sí estaría permitido hacerlo antes de nacer?

La violación es un mal monstruoso. Pero responder a ese mal cometiendo otro mal contra una persona inocente no puede ser una verdadera solución. El culpable es el violador. No el niño.

Alguien podría objetar este argumento diciendo que existe una diferencia importante: que en el ejemplo planteado la mujer inicialmente no sabe que el niño es producto de una violación, mientras que las mujeres violadas normalmente sí lo saben desde el comienzo del embarazo. Y esto es cierto. Evidentemente, saber desde el inicio que un embarazo es producto de una violación puede generar una carga emocional muchísimo más dura.

Pero el punto del argumento no es negar el sufrimiento de la víctima. El punto es mostrar que el origen traumático del niño no cambia lo que el niño es. Porque incluso en el momento en que la mujer descubre que el bebé es hijo del violador, seguimos entendiendo que no sería moralmente correcto matarlo.

Y eso ocurre porque comprendemos que el niño no tiene culpa alguna del crimen cometido por su padre. Entonces la pregunta sigue siendo la misma: si el hijo de una violación no pierde su dignidad humana después de nacer, ¿por qué la perdería antes de nacer? Porque el trauma de la concepción puede cambiar profundamente el sufrimiento de la madre, pero no transforma al niño en culpable ni elimina su condición de ser humano inocente.

Dicho todo esto, y viendo que hay personas en el mundo que, diciéndose católicas, apoyan el aborto, como la conocida organización Católicas por el Derecho a Decidir, es apropiado decir que en el cristianismo la cuestión del aborto tiene también una dimensión teológica.

En la Biblia, en el Libro del Génesis, capítulo 1, versículo 27, se nos dice que Dios, como creador de todo lo visible e invisible, nos ha creado a su imagen y semejanza. Esto significa que, teológicamente, el ser humano posee una dignidad ontológica imborrable. ¿Y desde cuándo? En el Libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, Dios hablándole al profeta revela que es Él quien lo ha formado en el vientre de su madre. Pero Jeremías no es una excepción. Toda vida es querida por Dios, ya que según el Salmo 36, en el verso 9, en Dios “está el manantial de la vida”.

Y es una inferencia lógica pensar, viendo a Jesucristo, figura principal de nuestra fe, que la muerte no es lo querido por Dios para el hombre. El mensaje central de la religión cristiana es precisamente que Dios muere en lugar de sus criaturas para salvarlas.

Sería una terrible blasfemia hablar del verdadero Dios como alguien que desea la muerte. Por el contrario, los Evangelios, precisamente el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 44, presentan a Satanás, enemigo de Dios y de los cristianos, como “homicida desde el principio”. Por lo cual estamos justificados al decir que el deseo de exterminar una vida inocente jamás puede venir de Dios, sino que se opone profundamente a Su voluntad.

La organización proaborto anteriormente nombrada no es católica, aunque diga serlo. Intentan justificar el aborto argumentando que la fe estaría por encima de lo que llaman “imposiciones de una élite sacerdotal”. Bajo esta lógica, el cristianismo debería reinterpretarse de forma “creativa y libertaria” para aliviar el sufrimiento humano.

Si bien esta organización no se encuentra instalada en Uruguay, sí tiene presencia en varios países de América, y considero conveniente responder a uno de sus argumentos principales debido a que también existen personas en Uruguay que, diciendo profesar la verdadera fe de Cristo, apoyan el feminismo radical junto al aborto.

El argumento de esta organización tiene un problema fundamental: el cristianismo jamás entendió la fe como una experiencia individual desligada de toda verdad objetiva o autoridad doctrinal. Jesucristo no dejó simplemente un movimiento espiritual abierto a cualquier interpretación subjetiva. Cristo fundó una Iglesia, eligió Apóstoles, les otorgó autoridad y prometió que el Espíritu Santo la guiaría hacia la verdad.

Por eso resulta engañoso presentar la enseñanza cristiana sobre el aborto como una simple imposición arbitraria de una “élite sacerdotal”. La defensa de la vida no nace de un capricho clerical, sino de una comprensión profundamente cristiana de la dignidad humana.

Y esto no es un tema menor dentro del catolicismo. La Iglesia históricamente ha condenado el aborto como un pecado gravísimo precisamente porque atenta contra una vida humana inocente.

De hecho, el Derecho Canónico establece en el canon 1397 penas extremadamente severas para quienes procuran directamente un aborto consumado, llegando incluso a la excomunión automática en determinados casos.

Esto demuestra que la oposición cristiana al aborto no es una simple opinión secundaria o una cuestión política pasajera, sino una enseñanza moral profundamente arraigada en la tradición de la Iglesia.

Además, decir que una interpretación es válida simplemente porque reduce el sufrimiento inmediato podría justificar prácticamente cualquier cosa. Muchas veces el Evangelio llama al ser humano no a eliminar al inocente para evitar el dolor, sino a atravesar el sufrimiento haciendo el bien incluso en circunstancias extremadamente difíciles. Y precisamente eso fue lo que hizo Cristo en la cruz.

Uruguay se convirtió en uno de los primeros países de América Latina en normalizar el aborto bajo el lenguaje del progreso, la libertad y los derechos. Pero quizás la pregunta más importante no sea qué tan moderna se volvió nuestra legislación.

Quizás la verdadera pregunta sea qué clase de sociedad estamos construyendo. Porque una civilización no se mide solamente por sus avances tecnológicos, económicos o políticos. También se mide por la forma en que trata a los más indefensos. Y no existe ser más indefenso que un niño en el vientre materno.

El aborto intentó convertirse en un tema cotidiano, administrativo y hasta sanitario. Pero detrás de cada aborto hay una vida humana que nunca llegará a ver la luz del sol, pronunciar una palabra o caminar por las calles de nuestro país.

Y quizás ese es el verdadero grito silenciado del Uruguay. El grito de miles de vidas que nunca pudieron defenderse. Porque cuando una sociedad pierde la capacidad de conmoverse ante la vida inocente, lentamente comienza también a perder una parte de su propia humanidad. Y tal vez algún día Uruguay mire hacia atrás y se pregunte si aquello que llamó progreso no terminó siendo, en realidad, una profunda derrota moral.