1- LA APOLOGÍA DE LA DEGRADACIÓN.
En la República Oriental del Uruguay contemporánea, nos hemos acostumbrado, padres e hijos de familia, de clase obrera y trabajadora, a convivir con aquellos que han naturalizado el atentar en contra de la identidad física y espiritual de su propio pueblo. Aquel ciudadano honesto, que se levanta a diario para sostener en dignidad, con su propio esfuerzo, a su familia, es aquel que a su vez carga con una de las cargas impositivas más altas de la región, acompañadas de un costo de vida asfixiante y una remuneración media por debajo de la mínima necesaria para subsistir siquiera de manera independiente.
Son estas mismas cargas las que el actual Estado uruguayo —y no hablo del partido o gobierno de turno— utiliza para apuñalar a su propia sangre entre sus escápulas, despojando al trabajador del fruto de su frente para, paradójicamente, financiar la custodia, el albergue, las comodidades y, aún más, la holgazanería de aquellos quienes en su libertad optaron por violar todo aquello que siempre hizo de este, nuestro pueblo, un lugar ejemplar para el escenario internacional.
Al contrario de lo que pueda parecer, este ensayo no se pretende de índole revisionista, sea de cuentas o de gastos públicos, los cuales no conciernen al futuro de lo que se puede llegar a ser. En el presente ensayo sobre la seguridad nacional, se busca presentar una idea en contra del crimen desorganizado que se ha hecho cada vez menos posible de ignorar con el paso de las últimas décadas.
Bien es sabido que en nuestra república, tanto como la vecina —pueblo y sangre hermana, con la que se comparte una única cosmovisión—, se ha conseguido asentar una corriente cultural, por denominársele de alguna manera, la cual coloquialmente es conocida por el ciudadano de a pie como «villerismo». Esta corriente, lejos de representar la humilde y heroica dignidad con la que históricamente la clase trabajadora oriental ha enfrentado las adversidades económicas de turno, o la no tan heroica, como el saineterismo, constituye una apología deliberada de la anomia, el desprecio por el esfuerzo y el culto al parasitismo.
No se está hoy ante la pobreza digna del barrio obrero, aquella que, aun en la escasez, educaba a sus hijos en el respeto, el aseo y el valor de la palabra empeñada, sino ante un vector de degradación social que contamina el tejido moral de la Patria.
No es más necesario, ni hace falta ir más lejos que vagar por las pulcras y decadentes ruinas, llamadas calles, de San Felipe y Santiago de Montevideo para percibir a su vez la decadencia de la sociedad y el espíritu de quienes habitan las mismas.
Este vector de descomposición no es un fenómeno aislado de nuestra geografía, sino la manifestación local de un patrón patológico global. Así como en los suburbios norteamericanos el fenómeno del hood erigió un monumento a la marginalidad, o en las banlieues francesas el movimiento MDLR romantizó la brecha con la civilización, el «villerismo» rioplatense opera como la sustitución estética y moral de la cultura del trabajo y dignidad que dio forma a nuestra Patria oriental.
La patria vive en el trabajador, en el compatriota, que aporta su grano en el silo de la Nación con la esperanza de una vida digna para él mismo y para todos sus iguales. Es por eso que no se está ante un folklore ingenuo; sino ante la ingeniería del colapso social.
Esta subcultura organizada e impuesta, visibilizada y romantizada en los medios audiovisuales, invierte el orden natural de los valores, eleva al criminal al pedestal del héroe popular, transformando así el delito —acto de egoísmo individualista en contra de la propia sangre— en un estándar de éxito y condena al ciudadano honesto al papel del «gil» abusable.
A través de una estética ramplona, una apología constante a la violencia y un lenguaje amputado, se moldea la psique de las nuevas generaciones, las cuales adoptan tales comportamientos a edades cada vez más tempranas. Pues este fenómeno es trágico también por su voracidad con la infancia.
Los niños de barrios marginales, y no marginales, desde las edades primeras, cuando apenas comienzan a articular el idioma y comprender el mundo, son bombardeados con la premisa de que la dignidad del esfuerzo es un camino para débiles.
Tal fenómeno no es de mejor manera reflejado que bajo el lente de la situación escolar actual, infancias que desde sus primeros años lectivos han aprendido e interiorizado un total desprecio hacia toda figura de autoridad cada vez más frecuente al compararse con las anteriores generaciones. Desde la incapacidad de realizar una tarea, acatar una orden, o comportarse de forma cordial para con sus compañeros de clase, hasta el uso de violencia verbal, e incluso física en muchos casos, en contra de sus propias maestras.
El llamado villerismo destruye el espíritu oriental porque sustituye la sobriedad, el pudor y la decencia histórica del criollo por el culto al desorden y la ostentación del parásito. Es la putrefacción moral convertida en estilo de vida, y el combustible principal que alimenta el crimen, tanto organizado como desorganizado, que hoy azota a ciudades como Montevideo, ciudades del interior como Mercedes y a cada rincón del país.
Frente a este enemigo cultural que corroe las entrañas de la Patria, no cabe la tolerancia ni el romanticismo sociológico de la academia. A una subcultura que rinde culto a la degradación, la sociedad debe oponerle la firmeza inquebrantable de la Ley, la disciplina y el principio de autoridad.
Conviene hacer una precisión fundamental antes de proseguir, frente a la tiranía del dato y la pandemia cuantitativa que aqueja a la intelectualidad contemporánea. En este proceso de vaciamiento reflexivo, el pensamiento humano ha descendido escalón por escalón. Se ha abandonado primero la Sabiduría en aras del mero Conocimiento, para terminar sacrificando este último en el altar de la simple Información. El fetiche de la cifra, por sí solo, no constituye ni demuestra ningún saber superior más allá de su propia presencia cuantitativa.
Es por esta razón que, si bien este ensayo acude al auxilio de investigaciones empíricas, neurobiológicas y estudios longitudinales de la academia secular —herramienta útil para desarmar la dialéctica de quienes se muestran reacios o impermeables a la palabra divina—, de ningún modo se concibe a la ciencia moderna como la «descubridora» de verdades inéditas. Lo que los laboratorios contemporáneos exponen hoy mediante gráficos y estadísticas no es más que la constatación frágil y tardía de Leyes espirituales, antropológicas y morales que la tradición perenne ha predicado e inculcado desde el principio de los tiempos. La empiria no fundamenta el orden divino; simplemente evidencia la ruina de quien pretende ignorarlo.
Si se analiza con rigor sociológico y espiritual, estas expresiones anteriormente mencionadas, comparten un ADN común que trasciende las fronteras geográficas y las diferencias idiomáticas. Todas ellas responden a una misma mutación antropológica de la modernidad decadente. La sustitución sistemática del mérito por el atajo, y de la comunidad orgánica por la tribu parasitaria.
Al realizarse una verdadera profundización, se descubre que su rasgo más destructivo no es solo el simple desprecio por la Ley y el orden, sino la completa inversión de los roles naturales de lo tradicional. Considérase tradicional todo aquel orden, valor y Ley otorgada a las sociedades y a su componente humano también como ser individual por la divinidad de Dios. Se tocarán en este caso aquellos órdenes naturales referentes a los sexos, las generaciones y el prójimo.
El orden tradicional que cimentó nuestra Patria, al igual que muchas otras, y su estructura social se sostiene sobre un claro —y trascendente en su origen—, respeto jerárquico. La experiencia y la vejez solían en nuestra Patria ser las fuentes de sabiduría y respeto; aquella figura que ejercía la autoridad con el ejemplo; el joven se formaba en el rigor del aprendizaje y la disciplina.
De igual manera que el hombre respondía por su honor y su trabajo; y la mujer resguardaba la dignidad y el pulso moral del hogar. Trabajando siempre de manera conjunta y complementaria, dotando así tanto de disciplina y orden como de respeto y amor a las nuevas generaciones desde el agente de socialización primario, la familia.
Es aquí donde se moldean aspectos críticos del individuo como las normas básicas y la capacidad de acatarlas, la moral —trascendente en su origen, mas inmanente en su aplicación— y la personalidad inicial.
No es más necesario que indagar acerca de, lo que en ciencia se denomina, «acumulación de adversidades crónicas» para observar que, como demuestra el psicólogo Terrie Moffitt en El Estudio Longitudinal de Dunedin, la existencia de la trayectoria de comportamiento antisocial crónico, conocido como «life-course-persistent».
Se descubrió que el nivel de autocontrol medido en la infancia temprana, entre los tres y cinco años, es un predictor más fuerte de la estabilidad laboral, los ingresos económicos, la salud física y las condenas penales en la vida adulta que el coeficiente intelectual o el nivel socioeconómico de la familia.
Si bien cabe lugar en este ensayo aclarar que la marginalidad y la pobreza extrema no definen el destino de una persona, y que no existe santo sin pasado ni pecador sin futuro, es de interés social prestar atención a cómo estas circunstancias actúan como un viento en contra que dificulta el desarrollo natural del autocontrol.
Conectando estas evidencias empíricas con la doctrina tradicional, se arriba a una verdad fundamental. El autocontrol es la herramienta más poderosa para salir de la pobreza, pero la miseria moral y la falta de disciplina son, precisamente, lo que más dificulta desarrollarlo.
Es aquí donde la pérdida de la fe del hombre en la palabra divina se ve mejor reflejada. Dios es la fuente misma del límite, del temor moral y del sentido del deber. La noción de un orden divino otorga al individuo la fuerza para someter sus impulsos primarios, respetar la autoridad y postergar el deseo inmediato en función del bien. Cuando se erradica la noción de lo sagrado, la carne queda a la deriva de sus impulsos instintivos, devenida presa fácil para quien ha hecho de su deber corromperla.
Reducir el delito y la degradación del individuo, como hace desde hace tiempo ya la nueva academia y la sociología progresista, a un simple —y consustancialmente materialista— «determinismo económico» no es más que un insulto directo a la enorme mayoría de las familias trabajadoras de nuestra Patria, que a lo largo de generaciones han vivido con lo puesto, pasando privaciones reales, y sin embargo han educado a sus hijos en la honradez, el respeto y la dignidad del esfuerzo.
A este mapa ha de sumársele el motor material y anestésico del colapso para aquellos desviados de edades posteriores a la juventud o próximas a serlo. La proliferación impune de la droga barata —y, en algunos casos, la seducción del dinero fácil al comerciarse con la misma—. En un tejido social despojado de trascendencia y de la cultura tradicional de esfuerzo, trabajo y orden, sustancias estupefacientes, como lo es popularmente hoy en día la pasta base, operan como el combustible perfecto para la anomia, destruyendo los últimos vestigios de juicio en el individuo y empujándolo, aún más que su propia corrosión interna, a la delincuencia.
Esta plaga, a la luz del día del pueblo y su gente, no prospera en la sombra por la astucia del criminal, sino bajo la mirada indiferente —cuando no complaciente— de la propia autoridad. No debería considerársele ya más por la gente de bien un «secreto a voces» que las fuerzas del orden conocen al detalle la ubicación exacta de los puntos de expendio; pues se ha vuelto ya demasiado descarada la inacción oficial.
Lejos de contrarrestar esta espiral, las propias instituciones de contención estatal —el INAU para la minoridad y el sistema carcelario para el adulto— se han convertido en engranajes de profundización delictiva. Diseñados bajo la falacia garantista que prohíbe el ejercicio del rigor y la disciplina severa, estos centros no custodian ni corrigen, sino que deforman. Aquel joven o el recluso que ingresa a sus dependencias no encuentra allí una fragua de rehabilitación o un freno a su decadencia espiritual, sino un entorno saturado de drogas, violencia y autogobierno criminal.
Dígame usted, con absoluta honestidad. ¿Qué sentido tiene mezclar bajo una misma tutela al niño inocente, carente de un hogar o de un tutor legal, con el joven delincuente ya curtido en el delito? ¿Qué propósito racional o moral se busca con semejante promiscuidad institucional? ¿No es acaso obvio y trágico el resultado? Mezclar la desprotección con la criminalidad solo puede ser un error honesto si proviene de la más absoluta incompetencia. Surge entonces la pregunta, ¿Qué hace esa misma incompetencia a cargo de nada?
Siguiendo entonces con los puntos en común entre estas «culturas», comparten una estética deliberada de la degradación y la fealdad. El lenguaje es reducido a su mínima expresión gutural, utilizado como canal simple de un emisor igualmente simple. La degradación del pensamiento empieza siempre por la mutilación de la palabra; al empobrecer el idioma, se empobrece la capacidad de raciocinio.
En el habla cotidiana, la comunicación verbal y escrita ha sido paulatinamente socavada hasta el punto en el que nos encontramos hoy en día. Podríase considerar que esta corriente ha naturalizado el uso de insultos y agravios como acompañante, y a veces sustituto, de las muletillas ordinarias, en cuanto a frecuencia en el discurso refiere.
Empíricamente, expresiones artísticas como la música han devenido en panfleto de desafío permanente del orden, y en la total glorificación del consumo efímero, al igual que el, ahora empoderado, sucumbimiento total a los placeres de la carne —sea sexo, drogas, violencia, nómbrelo—. Tales expresiones son precedidas por versiones levemente menos socialmente degradantes, para luego ser sucedidas por versiones que fijan un nuevo y superior umbral, corriendo la línea de lo socialmente tolerable hacia un nivel más extremo.
Lejos de constituir un fenómeno confinado a los márgenes o a la clandestinidad, esta estética de la bajeza ha desbordado hacia la vida cotidiana, colonizando el espacio público y las propias instituciones. Hoy resulta moneda corriente presenciar cómo estas expresiones musicales, acompañadas de coreografías grotescas e hipersexualizadas, son reproducidas sin pudor por personas de todas las edades.
Gravedad tal tiene esta mutación cultural que se ha materializado incontables veces su penetración en los recintos que deberían ser los últimos diques de contención moral como lo son las escuelas y los liceos, tanto privados como, más importante aún, los públicos. En ceremonias concebidas para la formación y el decoro de la infancia, son tolerados —y en ocasiones celebrados— espectáculos que imitan la gestualidad de la amoralidad, convirtiendo a la escuela, el templo cívico del saber y la disciplina, en caja de resonancia de la propia decadencia.
¿Cómo ha logrado esta subcultura inocularse con tal velocidad y profundidad en la psique de las nuevas generaciones? La respuesta se halla en el gran vector tecnológico de nuestra era, el ecosistema digital y los algoritmos de plataformas como TikTok. Las pantallas se han convertido en el caballo de Troya que saltea cualquier barrera familiar o institucional. A través de un flujo incesante de estímulos breves, gratificación inmediata y validación virtual, el algoritmo actúa como un tutor invisible que deforma la atención, embrutece el juicio y reemplaza la autoridad de padres y maestros por la dictadura de la viralidad.
Sería de una ingenuidad supina asumir este fenómeno como una evolución orgánica del gusto popular o una mera brecha generacional. Pues es innegable, excepto para aquel que no quiere ver, que nos hallamos ante una operación de ingeniería social diseñada e impulsada de manera deliberada.
Esta cultura, en lo musical y estética, no hunde sus raíces en la tierra oriental ni en el acervo histórico rioplatense. Sino que es una importación foránea, una deformación industrializada cuyos principales centros de emisión provienen de latitudes caribeñas y centroamericanas —con la hegemonía de usinas comerciales puertorriqueñas y colombianas— que nada tienen que ver con la sobriedad, la parquedad y la dignidad histórica del criollo. Lo que se consume no es folclore local, sino un producto sintético de exportación, masificado a través de conglomerados mediáticos y algoritmos diseñados por poderes y plataformas internacionales.
A través del ecosistema digital y la adicción dopaminérgica de plataformas como TikTok, estas centrales de influencia saltean la tutela de la familia y el Estado, actuando como tutores invisibles que erosionan la identidad nacional, anestesian la capacidad crítica del menor y sustituyen la moral del esfuerzo por el culto a la transgresión dirigida.
El contenido corto en formato de video, dictador indiscutido de la digitalidad actual, provoca una sobreestimulación de dopamina que altera el desarrollo del cerebro infantil. Cada cambio rápido de imágenes y sonidos actúa como una recompensa inmediata, entrenando al sistema nervioso para buscar placer sin esfuerzo. Haciendo que, con el tiempo, el cerebro necesita más tiempo de pantalla o estímulos más intensos para sentir la misma satisfacción.
Este mismo fenómeno de insensibilización y tolerancia adictiva opera con idéntica precisión en el habla, el desorden y la producción musical de esta subcultura. Al igual que el cerebro infantil saturado requiere dosis cada vez más agresivas de estímulos visuales, la industria del entretenimiento foráneo se ve forzada a acelerar una espiral de degradación conceptual. Aquello que hace una década provocaba rechazo social hoy resulta insípido; para capturar la atención de una psique anestesiada, los contenidos deben cruzar sistemáticamente nuevos umbrales de obscenidad, apología del delito y profanación de lo sagrado.
Al acostumbrar al cerebro a estímulos hiperrápidos, las actividades de la vida real, comprobadamente vinculadas al desarrollo individual, como lo son leer, estudiar, o el simple esperar se vuelven insoportables para el nuevo cerebro degradado. Aún así la respuesta social y gubernamental por defecto, «en contra» de esta problemática, ha sido adaptarse a la misma, en lugar de combatir sus raíces.
La corteza prefrontal y el sistema atencional, tal como documentan la ciencia cognitiva y las investigaciones sobre la fragmentación digital —como los trabajos de la doctora Gloria Mark acerca de la pérdida masiva de foco—, se habitúan sistemáticamente a la gratificación inmediata. Esto destruye por completo la capacidad de concentración profunda, el pensamiento abstracto y el rendimiento escolar.
No es casualidad, por tanto, que la ciencia empírica ratifique este diagnóstico. Las investigaciones dedicadas a evaluar el control de impulsos mediante paradigmas experimentales —como las pruebas de inhibición de respuesta— confirman que los individuos sometidos a una alta dependencia de los contenidos digitales breves exhiben tiempos de reacción erráticos y una severa incapacidad para frenar sus resortes automáticos. Queda así demostrado que la facultad del autocontrol en tiempo real ha sido metódicamente dañada, transformando al individuo en un autómata incapaz de gobernarse a sí mismo.
De este modo es que se cierra un círculo. Aquel déficit de dominio propio, vinculado fuertemente a la inestabilidad laboral, los ingresos económicos, la salud física y las condenas penales en la vida adulta, hoy es hiperestimulado y fabricado en serie por las grandes plataformas internacionales. Al esterilizar el autocontrol del ciudadano, se destruye el cimiento indispensable de cualquier sociedad libre y ordenada, entregando a las masas indefensas al arbitrio del instinto.
Para el ojo adiestrado en la doctrina tradicional, esta sistemática demolición de la psique, del espíritu y de la fe no es un accidente ciego de la técnica ni una simple desviación de mercado. Pues posee nombre, dirección de voluntad y agentes humanos dedicados a la ejecución terrenal de la misma. Charles Baudelaire en su poema en prosa El jugador generoso (1869) sentencia: «La más hermosa de las astucias del Diablo es persuadirnos de que no existe»
Desarmado el diagnóstico sobre el vector tecnológico y la industria del desorden, la pregunta inmediata exige señalar dónde reside la responsabilidad primera de la defensa. Frente a esta embestida sistemática, el primer dique de contención no se halla en Leyes abstractas ni en burocracias estatales, sino en el restablecimiento incondicional del principio de autoridad en la infancia.
La formación de la voluntad y del juicio moral exige la presencia de una jerarquía clara. La infancia no es una etapa para la autodeterminación irrestricta, ni para la negociación simétrica entre iguales. Es la etapa del moldeado, donde el límite firme, el temor reverencial al error y la obediencia fundada en el respeto constituyen la verdadera protección del menor. Pretender educar sin autoridad es entregar al niño, indefenso y carente de juicio, al dominio del instinto primario y a la manipulación de instituciones, en su naturaleza foráneas, infiltradas ahora en la sociedad oriental.
En este diseño tradicional, la figura de los padres y de los docentes no admite sustitutos ni concesiones. El hogar debe recuperar su condición de santuario y fortaleza, donde el padre y la madre ejercen como cabezas morales inseparables que dotan al hogar de disciplina, pudor y ejemplo.
Alberto Ottalagano dice: «La familia le da la vida y es a la vez el primer pedagogo, de ahí que sea considerada como la base biopedagógica de la sociedad, y en tal concepto, tutelada por el Estado».
Del mismo modo, el maestro en las aulas debe ser investido nuevamente como la encarnación de la autoridad cívica y la transmisión del saber perenne. La escuela no es un centro de contención afectiva ni un laboratorio de experimentos sociológicos, sino el recinto donde se exige rigor intelectual y decoro conductual. Cuando el hogar abdica de su rigor y el docente es despojado de su capacidad de sanción, el vacío es inmediatamente ocupado por la masa amorfa y la subcultura del desorden.
Esta desarticulación del principio de autoridad en el ámbito educativo alcanza su cota más trágica en la nivelación hacia abajo, impuesta por la burocracia estatal. Al despojar al cuerpo docente de la potestad técnica y moral de reprobar al alumno que no alcanza los estándares mínimos, se liquida el valor del esfuerzo y se condena al estudiante con dificultades a una ilusión de avance que sólo posterga y magnifica su inevitable fracaso futuro. Promover por decreto al que no ha aprendido no es un acto de compasión, sino una estafa institucional que arruina el horizonte vital del propio menor.
Paralelamente, la enseñanza ha sido diseñada para plegarse de manera obsesiva al ritmo del alumno de menor capacidad o rendimiento, transformando el aula en un entorno de aplanamiento intelectual. En lugar de estimular la excelencia y exigir el máximo rendimiento de cada individuo, este modelo adormece y cercena las capacidades de los estudiantes más dotados, sofocando de raíz el talento, la curiosidad académica y la aspiración al mérito. Al castigar el rigor y premiar la mediocridad, la escuela pública deja de ser la fragua de la excelencia cívica para convertirse en una máquina de homogeneización dócil y anestesiada.
A esta degradación pedagógica y al aplanamiento intelectual se suma un fenómeno aún más siniestro y de profunda raigambre subversiva; la colonización ideológica de las aulas, que lejos de cumplir con su deber sagrado de transmitir el saber objetivo, el amor a la verdad y el respeto por los permanentes valores de la Patria, el cuerpo docente —con especial virulencia en los centros de enseñanza de la capital y en la educación superior— ha transformado las aulas en trincheras de adoctrinamiento político.
Las instituciones que antaño debían ser templos del rigor intelectual hoy operan bajo el dogma ideológico secular, al punto en que la principal casa de estudios del país ha ganado el bien merecido y gráfico apodo satírico de «URSSDELAR». En este clima de coacción soterrada, el alumno es despojado de su libertad de conciencia, frente a la parcialidad militante de profesores que utilizan la cátedra como púlpito partidario, el estudiante se ve obligado a asentir en silencio, calculando que su supervivencia académica y su calificación dependen de la sumisión al dogma progresista imperante. El temor a la represalia académica anula toda disidencia, convirtiendo el sistema educativo en una maquinaria de uniformidad y obediencia ideológica que corrompe el alma desde la infancia hasta la juventud.
Esta emasculación de la autoridad no se limita al plano doctrinario o ideológico, sino que se ha codificado formalmente en el ordenamiento legal e institucional de la República. Nos hallamos hoy ante el triunfo del garantismo destructivo, un marco normativo diseñado para maniatar al custodio del orden y blindar al infractor. Un rector o un policía despojado de las herramientas legítimas para hacer cumplir su deber no es más que un guerrero al que se le ha privado de su espada. Exigir resultados en tales condiciones constituye una perversión institucional.
En el ámbito familiar y escolar, la legislación vigente ha desarmado paulatinamente a padres y docentes, el maestro ha sido degradado a un rehén inerme dentro del aula. Se presencia hoy la paradoja grotesca de docentes agredidos física y verbalmente por alumnos e incluso por los propios responsables de los mismos, viéndose los gremios forzados a paralizar las actividades como única y desesperada medida de protesta ante la absoluta falta de respaldo jurídico y de contención institucional. A este desamparo se suma la prohibición fáctica de reprobar al estudiante violento o desidioso, consolidando un entorno donde el desacato no solo no tiene costo, sino que resulta sistemáticamente impune.
Esta misma parálisis legal se replica con crueldad en los centros de contención de menores del INAU, en donde las cuidadoras —sometidas a normativas que les impiden ejercer el más mínimo control o contención física razonable— deben soportar la agresión cotidiana, el consumo impune de estupefacientes y la fuga constante de las internas. En una verdadera inversión de los incentivos morales, la respuesta del organismo no es la disciplina ni el correctivo riguroso, sino la concesión de paseos, salidas de recreación y prebendas institucionales. ¿Premio a qué? Se recompensa el desacato y la violencia, adiestrando tempranamente al menor en la certeza de que la transgresión es el camino directo al privilegio.
Testimonios directos de quienes ejercen la sacrificada labor de cuidado en el INAU revelan una realidad aberrante, mas sistemáticamente silenciada a quien no busca la información deliberadamente. Cuando las internas de estos centros logran evadirse de los laxos controles, salen por propia iniciativa a prostituirse, arrastradas por la degradación moral, el consumo de estupefacientes y el desprecio absoluto por cualquier límite. Lejos de constituir una simple fuga juvenil, esta huida hacia el abismo es el corolario inevitable de un sistema que ha renunciado a tutelarlas mediante herramientas correctivas razonables.
Esta lógica alcanza su culminación en el sistema penitenciario y el accionar policial. Pretender que las fuerzas del orden controlen a una población carcelaria endurecida en el delito mediante el mero diálogo persuasivo o la abstención absoluta del uso proporcional de la fuerza no es más que una quimera burocrática infantil. Cuando la Ley le exige al policía sometimiento y pasividad frente a quien vulnera la convivencia, el Estado abdica de su monopolio legítimo de la violencia y entrega las calles y los presidios al autogobierno del crimen, pues quien priva a la autoridad de su poder de sanción y coerción legítima condena a la sociedad a la tiranía del desorden.
La bancarrota de la autoridad estatal encuentra su expresión más cínica y desoladora cuando es confesada por sus propios ejecutores. En la reciente manifestación popular que congregó a la ciudadanía mercedaria exigiendo el derecho elemental a caminar sin miedo —clamor vivo frente a la desidia oficial—, un vecino interpeló directamente al mando policial ante la liberación y circulación indiscriminada de reclusos de la Unidad N.° 24, y cito textualmente: «Cuando los sueltan a los presos de la unidad veinticuatro, ¿Por qué no los mandan para cada departamento que son?». La respuesta del jerarca policial, tan cruda como reveladora de la abdicación del Estado, lapidó toda pretensión de orden: «No hay normas. No existe ninguna norma, porque estamos en democracia. Estamos en un país libre».
He aquí la confesión palmaria de la perversión liberal. La Ley reducida a la nada, y la «democracia» invocada no como el régimen del orden y el bien común, sino como la coartada cobarde para justificar el desamparo de los honestos. Pues este «país libre» que aduce la autoridad no existe para el uruguayo de bien —que es quien debe al final vivir amurallado tras rejas de seguridad, pagando impuestos abusivos y confinado al temor de la calle—, sino que es un país libre únicamente para el delincuente, el parásito y el infractor, a quienes se les garantiza impunidad absoluta bajo el disfraz del derecho garantista.
Si el propio jefe de la fuerza pública admite que la norma ha muerto en aras de esa falsa libertad, la República ha dejado de existir, degenerando en una tiranía donde la ley protege al criminal y condena al inocente, la cebra, eternamente alerta y vigilante, a compartir sus espacios con la hiena.
La salvaguarda de las generaciones futuras no provendrá, como nunca lo ha hecho, de parches asistenciales ni de discursos bienintencionados sobre temas, tan poco entendidos incluso por sus promotores, como la «integración». Propuestas las cuales han demostrado ser mero combustible para la misma maquinaria de degradación que intentan combatir. Prevenir que las promociones venideras de jóvenes orientales caigan presa de este vector patológico exige una intervención quirúrgica en las tres esferas primarias de la vida social.
La soberanía de la familia, la reconstrucción del espacio pedagógico y la purificación del entorno cultural, todos tutelados por un Estado tradicionalista.
En primer lugar, se debe cumplir con el mandato fundamental de que el Estado tutele y ampare a la familia como la célula base de la sociedad, devolviéndole su soberanía frente a las intromisiones e infiltraciones ideológicas de la burocracia contemporánea. La prevención debe comenzar en la cuna, mediante la reafirmación del deber de los padres de instruir en el rigor, la templanza y la distinción tajante entre el bien y el mal. Para ello, el ordenamiento normativo debe dejar de hostigar o criminalizar la disciplina paterna y pasar a respaldarla activamente, reconociendo al hogar como la primera, legítima y más efectiva escuela de autocontrol y orden cívico.
En segundo lugar, la prevención institucional requiere desmantelar la farsa de la pedagogía condescendiente, pues las escuelas y los liceos deben volver a ser recintos de exigencia, mérito y jerarquía. Esto implica reinstaurar la potestad de evaluación objetiva, el régimen sancionatorio severo ante cualquier atisbo de violencia o falta de respeto, y la expulsión del adoctrinamiento partidario de las aulas. Únicamente un sistema educativo que premia el esfuerzo, castiga el desacato y reprueba al indolente es aquel capaz de formar ciudadanos aptos y capaces, filtrando infranqueable la cultura del atajo.
Resulta además indispensable ejercer un control activo y celoso sobre el entorno de socialización y las vías de contaminación digital. La protección de la infancia exige que el Estado y la sociedad no sean espectadores pasivos ante usinas mediáticas y plataformas que lucran con la corrosión moral de los menores. Prevenir implica delimitar fronteras morales claras, formar el juicio crítico frente a la hiperestimulación algorítmica y fomentar en la juventud el culto a la sobriedad, el deber cívico y la dignidad del trabajo.
Las medidas específicas, programas de instrucción cívica, servidumbre al prójimo, respeto, cuidado del entorno y más reformas profundas orientadas al rescate del ámbito escolar y formativo de la infancia serán desarrolladas con la extensión requerida en la sección pertinente de esta obra. Sin embargo, fijados ya los pilares de la prevención para las generaciones venideras, la honestidad intelectual obliga a enfrentar la urgencia del presente sin atenuantes. Pues, mientras se sienta la simiente de la futura reconstrucción, la Patria se desangra hoy a manos de quienes ya han optado por el crimen. Surge entonces la interrogante ineludible, ¿qué se debe hacer con aquel que ya cruzó la línea?
Frente a quien voluntaria y conscientemente ha decidido cruzar la línea del delito, adentrándose en la anomia y atentando contra la vida, el honor y la propiedad de sus semejantes, la respuesta del Estado no puede ser la condescendencia ni el discurso sociológico de la rehabilitación automática. Quien se erige en hiena para azotar a la comunidad debe encontrar en la Ley no una coartada garantista para su impunidad, sino el muro inquebrantable de la justicia retributiva.
La primera obligación moral de la autoridad no es con el infractor que deliberadamente violó el pacto social, sino con la víctima inerme y con la ciudadanía honesta que sostiene a la Patria. Pretender que la sociedad deba someterse a un estado de zozobra permanente a la espera de un hipotético «rescate» de quien ha demostrado desprecio absoluto por la dignidad humana es una perversión del orden tradicional natural. Para quien ya ha optado por el crimen el Estado debe aplicar la fuerza legítima con severidad inflexible, despojando al delincuente de cualquier incentivo o privilegio dentro del sistema.
Lejos de concebir el encierro como un espacio de ocio subvencionado o una escuela de perfeccionamiento delictivo —la actual caricatura de «rehabilitación» progresista—, la respuesta penal debe estructurarse sobre el pilar inquebrantable del trabajo obligatorio y productivo. El trabajo en reclusión no es un ensañamiento sádico ni un castigo estéril, sino la técnica milenaria y comprobada para restituir el orden en el alma quebrada del transgresor. La disciplina del esfuerzo físico, la exigencia de la obra material y el retorno a la cultura del pan ganado con el sudor de la frente son los únicos diques capaces de doblegar la soberbia del delincuente y obligarlo a resarcir a la sociedad que agredió. Quien destruyó el tejido de la Patria con su ociosidad y su delito encuentra en el rigor del trabajo no una condena al sinsentido, sino el único camino posible hacia su redención cívica.
2 Tesalonicenses 3:10 «Por eso, cuando estábamos con vosotros, os mandábamos esto: Si uno no quiere trabajar, tampoco coma».
Propúseme entonces la ideación de una propuesta, más filosófica que formal, para la reinvención del funcionamiento del sistema penal oriental. Misma que no debe, por el bienestar nacional y de la Patria, violar Ley internacional alguna, del mismo modo que tampoco debe actuar en contra considerable de la sagrada Constitución. Para esto se debe entender primero, el funcionamiento actual de aquel sistema que se pretende cambiar.
Bajo el llamado «pacto de la pena» —codificado bajo el mecanismo del proceso abreviado—, el imputado admite una culpabilidad formal y, a cambio, la Fiscalía y la defensa acuerdan una reducción de hasta un tercio de la pena que le correspondería en un juicio oral ordinario. Se consagra así un remate administrativo de la sanción antes siquiera de que el infractor comience a cumplir su tiempo tras las rejas, enviando un mensaje directo de impunidad a la sociedad golpeada.
La legislación impone además un techo absoluto por delito individual de treinta años de penitenciaría, teniendo a su vez como límite de condena máxima de prisión efectiva un total de cuarenta y cinco años de penitenciaría frente a una condena por reiterados delitos, un límite que los jueces no pueden traspasar aun en presencia de, por ejemplo, múltiples homicidios concurrentes. Un tope que, como cualquier otro, no hace más que derrumbar desde el comienzo cualquier sentido de justicia real, igualando así a quien comete un delito grave con a quien, difícilmente, se le puede dirigir una mirada de compasión.
La justificativa ideológica que la doctrina penal y la magistratura invocan para sostener este repliegue es el consabido dogma garantista: la premisa de que extender las penas sin una infraestructura de rehabilitación convierte a los presidios en «universidades del crimen». So pretexto de evitar la «institucionalización» del delincuente menor, los jueces dosifican la sanción con una prudencia timorata, devolviendo rápidamente a las calles a individuos no corregidos. Es por pensamientos de esta índole que el Uruguay ostenta hoy un dantesco hacinamiento carcelario junto a una tasa de reincidencia cercana al setenta por ciento; donde siete de cada diez personas liberadas vuelven a prisión en un plazo no mayor a tres años.
Este colapso de espacio, al igual que en los países vecinos, opera como una constante presión funcional sobre el sistema, convirtiendo la «buena conducta» y las salidas anticipadas no en muestras reales de rehabilitación, sino en una mera válvula de escape administrativa para liberar plazas en su sistema sobrepasado. Como bien ha comentado en entrevistas la ex Jueza y Fiscal de la provincia de Buenos Aires, Monica Rodriguez.
Lograr la materialización de una total transformación sin caer en vacíos jurídicos internacionales —que sirven únicamente a sus propios intereses, cada vez más alejados de los propios de la Patria—, no es tarea sencilla, incluyendo también como peso en contra a todo aquel ciudadano, víctima de propagandas globalistas, se encuentra hoy reacio al verdadero orden Nacional.
Se concibe un nuevo sistema de ejecución penal, el cual se estructuraría bajo un régimen de escala precisa y obligatoriedad absoluta. Dictaríase que toda condena por delitos que atenten contra la seguridad o la propiedad de los ciudadanos fijará su duración —la cual debería ser readaptada y recuperada de las manos de la romantización criminal— mediante una escala dual, estableciendo una Pena Base y un Límite Máximo equivalente al doble de la misma. De este modo, una sentencia impuesta por la justicia fijaría, por ejemplo, seis años de reclusión con trabajo obligatorio, teniendo como techo máximo infranqueable doce años.
Este esquema dejaría el control del reloj penal enteramente en manos de la conducta diaria del transgresor mediante dos reglas. La redención por trabajo, que establecería que por cada cinco días de labor efectiva, que dotan al individuo de rigor, disciplina y rendimiento en obras de utilidad pública, se descontará un día de la Pena Base. Es de esta manera que todo recluso que abraza el esfuerzo redime su condena de forma anticipada, por ejemplo, logrando la libertad efectiva al cabo de cinco años en una pena de seis. Por contra, la penalización por inactividad, que determina que cada jornada en que el recluso se niega a cumplir la labor asignada sin causa médica objetiva no computaría para la condena y adicionaría un día de reclusión inactiva al total. Si el individuo persiste en su rebeldía absoluta, su fecha de salida se desplazará de forma proporcional hasta alcanzar el Límite Máximo, establecido en el juicio inicial, del doble de la pena atribuída al delito cometido. Es de tal forma que se erradica la posibilidad de una condena arbitraria; puesto que, el delincuente sabe con certeza matemática que la prolongación de su encierro respondería exclusivamente a su propia decisión de eludir el deber.
Conviene precisar la naturaleza jurídica y humanitaria del presente engranaje. La inactividad o la negativa al trabajo no se sancionaría con el uso de la fuerza física ni con castigos corporales, los cuales quedan rotundamente proscritos de acuerdo al marco constitucional e internacional. La rebeldía laboral sería entendida y tratada por lo que sustancialmente es, un incumplimiento directo de la pena impuesta por el tribunal. Al desobedecer el mandato judicial de labor restitutiva, la sanción se ejecutaría computando una jornada de reclusión inactiva que no restaría tiempo al saldo pendiente y adicionaría un día más —aunque exento de responsabilidad laboral, evitando así una prolongación indefinida de la pena— a la permanencia en el presidio. Se lograría así una penalización severa y estrictamente proporcional a la contumacia del reo, prescindiendo por completo de la violencia física.
Asimismo, es imperativo remarcar que en modo alguno se trataría de un régimen de trabajos forzados o infamantes. La labor asignada estaría bajo la estricta supervisión y tutoría del Estado, garantizando en todo momento la salud, la integridad física y la dignidad inherente a la persona del recluso. Se trataría de un régimen de trabajo público, enfocado en el aprendizaje de un oficio y la contribución directa a la infraestructura nacional. Es de esta manera que el sistema resultaría intachable ante el Derecho Internacional y aseguraría que la privación de libertad vuelva a ser, sobre todas las cosas, una verdadera escuela de responsabilidad, rigor y reparación cívica.
Las labores asignadas se desarrollarían en jornadas reguladas de entre seis y ocho horas diarias, destinadas al mantenimiento y reconstrucción de la infraestructura nacional, la recuperación de calles, veredas y caminos, la limpieza de espacios públicos y el acondicionamiento de obras postergadas por las deficiencias del presupuesto estatal. Todo ello bajo estrictas condiciones de seguridad, equipamiento adecuado y un trato riguroso pero exento de crueldad gratuita.
Para garantizar el orden operativo sin retirar personal policial del patrullaje de las calles, la custodia directa y el traslado de las cuadrillas quedarían encomendados a las Fuerzas Armadas, integrando al instituto militar en una función de utilidad directa para la seguridad y el resguardo de la Nación.
La virtuosidad del modelo radicaría en su múltiple impacto cívico y económico. La ejecución efectiva de estas cuadrillas garantizaría la reforma moral del interno mediante la disciplina diaria, restauraría la calidad urbana de las ciudades, impondría una retribución tangible hacia la sociedad agraviada y devolvería al transgresor un sentido de propósito derivado del trabajo útil. La única y legítima compensación que el condenado recibiría por su labor se materializaría en los propios servicios que el Estado le proveería, como ya lo hace con el dinero público, dentro del recinto penitenciario. Techo, alimentación diaria, asistencia médica, descanso en condiciones dignas, acceso a la educación y espacios de recreación; derogando la necesidad de otorgar una compensación monetaria extra.
La adopción masiva de este esquema restitutivo habilitaría la posibilidad de optimizar los recursos del Estado, permitiendo reducir el número y las erogaciones destinadas a cargos burocráticos e innecesarios en la plantilla pública. Esos fondos, sumados a lo que hoy se destina al pago directo de los reclusos, se reorientarían al desarrollo de obras de infraestructura de verdadero impacto y a la construcción de una mejor república para todos los Orientales. Esta reconfiguración otorgaría un mejor salario, un cometido orgánico y un propósito renovado a las Fuerzas Armadas. Al encomendárseles la custodia y logística de las cuadrillas en territorio nacional, el instituto militar encontraría un canal directo para servir activamente a la Patria dentro de sus propias fronteras —en lugar de depender de misiones humanitarias en el exterior—, justificando una mejor asignación para sus efectivos y poniendo su disciplina al servicio del resguardo nacional.
La realidad cotidiana de la Nación expone las consecuencias inmediatas de un Estado que ha renunciado a la tutela efectiva del orden. Ejemplos recientes en la ciudad de Mercedes ilustran con precisión quirúrgica este colapso: en un intervalo de apenas cuarenta y ocho horas, la Jefatura de Policía de Soriano debió dar cuenta de dos intervenciones policiales ante delitos flagrantes en fincas habitadas y deshabitadas —con daños materiales, sustracción de bienes y amenazas directas a los propietarios—. En ambos episodios, tras el, esperemos, correcto procedimiento policial y la toma de conocimiento por parte de la Fiscalía Letrada de Mercedes de Segundo Turno, la resolución institucional fue inmediata e idéntica: el cese de la detención y la restitución automática de los indiciados a la vía pública.
Esta dinámica de puertas giratorias, ya anteriormente mencionada en este ensayo, produce un efecto secundario devastador sobre el cuerpo social al consolidar la incapacidad legal del pueblo para defenderse ante las amenazas que el propio sistema libera a nuestras calles. El ordenamiento jurídico orienta todo su rigor no hacia la represión de la conducta criminal, sino hacia el encorsetamiento de la víctima. Mientras el delincuente sabe que la incursión en la propiedad privada o la agresión patrimonial conllevan un riesgo penal mínimo o nulo, el ciudadano trabajador se enfrenta a un marco de legítima defensa extremadamente rígido, timorato y restrictivo.
¿Agredería usted, vecino, al «cuidacoches» que rayó su vehículo mientras no estaba, por el simple hecho de no haberse dejado robar por el mismo? El intendente dice: «La única solución que hay es la denuncia», para luego aclararse: «Pero la policía te dice: “Yo si vos no me denunciás…”», aclarando que debe atraparse al delincuente con las manos en la masa para entonces poder al fin tomar acción alguna, en el caso de que se quiera siquiera tomar.
Si el vecino de bien decide repeler la agresión en su propio hogar o defender el fruto de su esfuerzo, sobre él cae de inmediato todo el peso punitivo y la sospecha dogmática de la magistratura. El sistema invierte perversamente los roles. Desarma conceptual y jurídicamente al agredido, le exige una proporcionalidad casi geométrica en el calor de la amenaza y, al mismo tiempo, garantiza al agresor una impunidad operativa casi absoluta, cuando no totalmente absoluta, como en ambos casos discutidos. Se consagra así un monopolio de la fuerza que no protege al inocente ni le permite a éste ejercer su natural derecho de preservación, reduciendo la soberanía individual en el propio suelo a una mera ilusión formal.
Para restablecer dicha soberanía en el territorio nacional, la presencia del instituto militar en la custodia y resguardo del espacio público no debería ser contemplada con recelo, sino como la restitución natural del orden y de la autoridad del Estado. Es imperativo superar los complejos ideológicos y los atavismos retóricos que han satanizado el rol de las Fuerzas Armadas. La aversión sistemática hacia el uniforme en tareas de seguridad interna deriva de una confusión interesada de la historia, pues se confunde la desviación doctrinal de dictaduras liberales e imperialistas impuestas bajo la influencia geopolítica extranjera en el siglo pasado —ajenas al sentir Nacional y a las necesidades del pueblo— con la verdadera tradición patriótica y estatista de las fuerzas de la República.
Conviene señalar que el terror atávico de la sociedad Oriental hacia la autoridad militar no nació espontáneamente, sino que fue cuidadosamente inoculado, tras la trágica experiencia de la dictadura cívico-militar instaurada en 1973. Aquel régimen, subordinado a la doctrina geopolítica del Plan Cóndor y tutelado por los intereses imperiales de los Estados Unidos, nada tuvo que ver con la tradición soberana de la Patria. Pues fue un ensayo de liberalismo económico y represión ideológica diseñado desde afuera.
El verdadero nacionalismo oriental ha sabido utilizar la firmeza institucional como garante del progreso y de la justicia social, como ha quedado demostrado en los grandes hitos de reorganización soberana del siglo XX. En manos del Dr. José Luis Gabriel Terra que, lejos de las fórmulas foráneas, logró rescatar la Nación de los estragos de la Gran Depresión mediante una audaz intervención estatal, promoviendo la industria nacional y la infraestructura estratégica como Rincón del Bonete. Confundir la figura de Gabriel Terra con la de Juan María Bordaberry resulta un despropósito historiográfico de la misma magnitud que equiparar el proyecto nacional de Juan Domingo Perón con la dictadura oligárquica de Jorge Rafael Videla en la orilla vecina. Mapear la historia con esa ceguera conceptual condena al país a repudiar sus propias herramientas de orden y reconstrucción.
Reducir el papel de las Fuerzas Armadas al mero cumplimiento de misiones humanitarias en el extranjero representa una desnaturalización de su cometido primario y un desaprovechamiento inadmisible de recursos para una Nación asediada por el delito. El soldado Oriental no ha sido concebido con el propósito de actuar únicamente como un contingente expedicionario bajo banderas internacionales, mientras, en su propio suelo, las familias viven acorraladas por la delincuencia.
La disyuntiva histórica que se le presenta a la República Oriental del Uruguay no admite muchas más dilaciones ni falsas prudencias. O se persevera en la cómoda inercia del garantismo disolvente —entregando las ciudades al parasitismo, asfixiando al ciudadano trabajador y reduciendo la soberanía a una ficción jurídica—, o se recupera con cualquier herramienta necesaria el imperio inexorable de la Ley, el valor del trabajo y la autoridad soberana del Estado.
Solo mediante la firmeza inquebrantable de un sistema que castigue la contumacia, proteja el hogar y devuelva al habitante honesto la tranquilidad de transitar su suelo sin temor, podrá erigirse nuevamente una Nación digna de su historia. El orden y la justicia no constituyen tiranía alguna, sino la condición indispensable de toda libertad verdadera.
«¿Quién ha dicho que cuando insultan nuestros sentimientos, antes que reaccionar como hombres, estamos obligados a ser amables? Bien está, sí, la dialéctica como primer instrumento de comunicación. Pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la Patria», José Antonio Primo de Rivera.
—Martín Schiaffino
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